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Revista de análisis político
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UNA REFORMA OPORTUNISTA EN UN MOMENTO INOPORTUNO

UNA REFORMA OPORTUNISTA EN UN MOMENTO INOPORTUNO
17/02/2021 Lisandro Vergara Amodeo

Crónica de un fracaso anunciado…

Sencillamente resulta imposible realizar una transformación tan profunda, como lo es una reforma constitucional, sin transitar el camino del diálogo y el consenso ¡Y más en Mendoza! dado el alto grado de acuerdo necesario que establece la misma constitución para su modificación. No solo debe sancionarse una ley que declare la necesidad de reforma con 2/3 partes de los miembros de las dos cámaras legislativas (Art. 220 CP); sino que también debe el pueblo mendocino aprobar mediante referéndum la convocatoria a la Convención Constituyente encargada de llevar adelante la tarea (Art. 221 CP).

Vale decir que se deben sobrepasar dos filtros, el primero político (logrando los acuerdos entre los partidos que ocupan bancas en la Legislatura), el segundo democrático (obteniendo el apoyo mayoritario del pueblo mendocino en pro de la reforma). El Gobernador Suárez no pasó siquiera el primero. No fue acompañado ni por el Partido Justicialista, ni por el Partido Demócrata, ni por Protectora. Algunos podrán acusar a la oposición de intransigente, pero lo cierto es que la responsabilidad de tener amplitud para lograr consensos que hagan posible la reforma le correspondía a quien dio iniciativa al proyecto, es decir, al Ejecutivo provincial. Todo berrinche posterior no es más que política barata para la tribuna.

De una Reforma oportuna a una Reforma oportunista.

La actual constitución mendocina, reformada de forma íntegra por última vez en 1916, fue redactada con un espíritu moderno que la mantuvo vigente a lo largo de un siglo. Sin embargo es de común acuerdo en el ámbito político que es necesario reformarla para aggiornarla al siglo XXI. Dicha transformación debe ser precedida de un debate profundo y democrático, que involucre a todos los sectores de la sociedad. La participación ciudadana y política era un prerrequisito para que la reforma salga y que esta sea tan íntegra que brinde un marco jurídico sólido al futuro desarrollo provincial.

Desgraciadamente nada de eso sucedió. Por el contrario, se envió un proyecto cerrado que hacía hincapié en “bajar el costo de la política”, un slogan chato que sin dudas le ha dado resultado en el corto plazo al radicalismo mendocino, pero que no permite pensar en grande para construir una constitución moderna. Así, una iniciativa positiva como la unicameralidad y la representación territorial y poblacional de los municipios fue envuelta en un demagógico discurso que no tiene que ver con los números de la realidad. Solo el 0,05% del presupuesto provincial va destinado a la Legislatura, que además, es una de las más baratas del país. Si el problema es el costo político, bastaría con sancionar normativas que limiten la cantidad de asesores y “ñoquis”. Hoy las dos cámaras no tienen razón de ser (puesto que representan lo mismo, no como a nivel nacional que Diputados representa según criterio poblacional, y Senadores según criterio territorial), y la unicameralidad era una posible solución, pero se decidió utilizar un argumento falaz para justificarla. Mientras tanto, departamentos como Malargüe, Rivadavia y Tupungato no tienen representación en la Cámara de Diputados, en tanto que Santa Rosa, Tunuyán y Junín no tienen representación en la de Senadores. Los mendocinos siguen perdiendo por mezquindad política y falta de visión a largo plazo.

Respecto de la eliminación de las elecciones de medio término, solo bastará mencionar que una de las características relevantes de la institucionalidad mendocina es el control del poder sobre el Ejecutivo. Las elecciones de medio término son el instrumento por excelencia que tiene la ciudadanía para confirmar o rechazar el rumbo tomado por sus representantes. Quitarlas en pos de bajar el gasto político no fortalece para nada la institucionalidad y debilita el control democrático de la ciudadanía. Sin control ciudadano, la posibilidad de que aumente el gasto político es mayor, por lo cual eliminar las elecciones de medio término para bajar dicho gasto es una contradicción.

En cuanto al equilibrio fiscal, es justo observar que el “ordenamiento de las cuestas públicas”, del que ha hecho gala el radicalismo mendocino, en verdad ha sido un mero ajuste sobre el déficit primario (gasto en educación, salud, seguridad, obra pública, etc) para financiar el aumento del gasto en pago de servicios e intereses de una deuda pública que ha crecido exorbitantemente en los últimos años (se multiplicó por 5 bajo la gestión del ex gobernador Alfredo Cornejo). La tantas veces mencionada corrección del déficit fiscal ha sido en verdad una reorientación improductiva del gasto público. Prueba de ello es la caída crónica del Producto Bruto Geográfico (PBG) del -5,6% en los últimos 5 años.

Fuente: Centro de Economía y Finanzas de Mendoza (CEFIM)

Muchas otras cuestiones interesantes del proyecto de reforma quedaron rezagadas por la falta de amplitud política que se necesita para generar acuerdos (la no reelección del gobernador/a y la doble vuelta para elegirlo, el criterio de representación territorial y poblacional de los legisladores y su limitación de reelecciones, la elevación a rango constitucional de la no reelección indefinida de los intendentes y la autonomía municipal, la boleta única, la consagración de la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito público y privado, etc).

Finalmente, es menester mencionar que un cambio tan profundo que requiere amplio debate democrático no puede ser encarado a las apuradas en medio de una pandemia mundial. Mendoza tiene problemas sanitarios, salariales, financieros, y económicos en general. La reforma constitucional no venía a resolverlos instantáneamente. Se necesitaba plantearla seriamente y debatirla para que realmente fuera un avance para el conjunto de la sociedad mendocina. El modo en que ha sido encarada, y la orquestada respuesta de la UCR a la negativa de la oposición con slogans del tipo de “no les importa Mendoza” o “son una máquina de impedir”, hace pensar que nunca fue el objetivo principal del gobierno provincial llegar a un verdadero acuerdo.

Una reforma oportuna se convirtió en una reforma oportunista, en un momento inoportuno…


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