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Revista de análisis político
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NO ES LA REPÚBLICA…

NO ES LA REPÚBLICA…
11/11/2020 Yael Vela
Yael Vela
En OPINIÓN

“El juez no tiene inmunidades, inamovilidad, sueldo intangible y demás prerrogativas, por el solo hecho material del nombramiento, sino por el cumplimiento de la serie compleja e ininterrumpida de actos que permiten el regular funcionamiento de la justicia” Ramiro Podetti.

“La independencia de los jueces, principio institucional por el que en el momento de juzgar deben sentirse desvinculados de toda subordinación jerárquica, es un duro privilegio, que impone, a quien lo disfruta, el coraje de estar solo consigo mismo, sin poder cobijarse en la cómoda defensa de la orden del superior” Calamandrei.


La defensa de la República se ha transformado en un lugar común carente de contenido, pero con el peso suficiente para intentar limar el poder político del Presidente. A días del octavo “banderazo” populista contra el gobierno, variopintas consignas convergen en ese único objetivo pergeñado por la oposición macrista.

Macri y el Partido Judicial

Luego de ganar las elecciones, la cortina mediática que protegió a Mauricio Macri mantuvo “informada” a la sociedad con los casos de corrupción. Era la excusa perfecta para tapar el tarifazo y el ajuste del gobierno de CEO`s.

Programas televisivos y radiales, redes sociales y el discurso oficial se fundaban en esas máquinas que excavaban terrenos para encontrar las bóvedas de CFK. Todo un entramado judicial-mediático al servicio del macrismo en aquel momento gobernante.

“La ruta del dinero K” y la “causa de los Cuadernos” fueron los misiles mediáticos de la CEOcracia. Pero para ello, el gobierno contó con el entramado de Inteligencia (Ver más en “Los tramposos de la democracia”), el Poder Judicial y los medios de comunicación.

Con Bonadío a la cabeza de Comodoro Py, las causas federales contra CFK y varios funcionarios de los gobiernos anteriores, eran procesados en tiempo y forma, tiempo impuesto por la agenda del ajuste y las formas impuestas por el Partido Judicial.

Los jueces Bruglia y Bertuzzi integraban el Tribunal Oral Federal 4 con sede en Comodoro Py y fueron trasladados para cubrir dos vacantes en la Cámara Federal, que actúa como primera instancia de revisión de todas las decisiones de los doce juzgados de instrucción donde tramitan delitos federales. Son los mismos jueces que ratificaron el procesamiento de CFK por “asociación ilícita” en la “causa de los cuadernos”. Castelli había sido derivado desde un tribunal oral de San Martín a un tribunal oral federal, que también interviene en la “causa de los cuadernos”.

Contemporáneamente, Macri intentó un acto tomado de los pelos: convertir tribunales orales ordinarios en federales, que serían necesarios en llevar adelante los juicios orales contra CFK y otros ex funcionarios, lo cual fue frenado por las acordadas 4 y 7 de 2018 de la Corte nacional. El máximo Tribunal impidió también que se conformara un tribunal al que hasta le habían asignado el primer juicio contra CFK. No contentos con ello, desde el macrismo, se promovieron más designaciones en otros cargos utilizando artilugios similares: así fue que efectuaron traslados. Dos diputados que integraban el Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli (PRO) y Mario Negri (UCR), presentaron un proyecto de ley para poder hacer traslados sin siquiera el acuerdo del Senado. No prosperó.

La “corrupción K”

La referida ratificación de la causa de los cuadernos por la Cámara Federal, se debió a que el macrismo, previo a que la causa llegara al Tribunal de Apelación, completó su integración. Los tres camaristas fueron nombrados por Macri, y dos de ellos llegaron a su puesto a través de traslados que no pasaron por el Senado. Durante casi una década, el tribunal tuvo la misma integración: Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah. En 2016 Farah renunció , Freiler fue destituido a fines de 2017 por el Jury de Enjuiciamiento, y Ballestero renunció en mayo de 2018. Desde entonces el Ejecutivo Nacional apuró un viejo concurso que estaba paralizado en el Consejo de la Magistratura para agilizar el nombramiento de uno de los tres cargos y ocupó las otras dos vacantes con traslados de jueces de otros tribunales. Así llegaron Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.

Bruglia formó parte del gobierno de Menem como director de sumarios del Ministerio de Salud de la Nación, en ese momento a cargo de Eduardo Bauzá. Trabajó tres años allí hasta que en diciembre de 1992 Menem envió su pliego al Senado para convertirlo en juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4, cargo que asumió en septiembre de 1993; como magistrado intervino en la causa de LAPA. Junto a Martín Irurzun, convalidó la prisión preventiva de ex funcionarios del kirchnerismo, como Amado Boudou y Julio De Vido. También confirmó los procesamientos contra CFK por las causas de “Vialidad” y “Los Sauces”.

Bertuzzi ingresó a los tribunales de Comodoro Py de joven, y estuvo vinculado al juez Liporaci quien renunció en medio de un escándalo por supuesto enriquecimiento ilícito. Bertuzzi condenó al ex vicepresidente Amado Boudou a cinco años de prisión en la causa conocida como “Ciccone”. Es, además, el tribunal donde se radicó la causa de “Once” contra Julio De Vido y la causa de “La ruta del dinero K”.

La doble vara

Una concesionaria de autopistas había demandado al Estado nacional por una indemnización millonaria por “tarifas atrasadas”. La demanda fue presentada a días de la asunción de Macri. Con  nuevas concesiones, la empresa indicada, de la que era socio Macri, embolsó unos 500 millones de dólares, y retiró la demanda. El gobierno macrista reformuló los contratos, les dio la concesión por 30 años y dolarizó las tarifas. Con esas condiciones, las acciones de la empresa se incrementaron de cuatro pesos a casi 80 en poco tiempo, entonces el honorable presidente Macri vendió su parte.

Se inició una investigación por ese hecho de corrupción, pero los jueces Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun desprocesaron al extitular de Vialidad, Javier Iguacel, al exministro de Transporte, Guillermo Dietrich y otros funcionarios que ya habían sido procesados en primera instancia por su participación.

Cristina Fernández había denunciado: “a Bruglia y Bertuzzi los quieren mantener ilegalmente en la Cámara Federal para garantizar la impunidad de Macri y sus funcionarios. Uno de ellos anuló el procesamiento de Dietrich, Iguacel y Dujovne, por la estafa de las autopistas de más de USD 600 millones”.

Sobre traslados y designaciones a dedo

La Constitución Nacional establece en el art. 99 inc 4 que los jueces serán designados por concurso, a propuesta del Ejecutivo y con aprobación del Senado. Se presume que es una forma de garantizar la institucionalidad, la imparcialidad, y la independencia del Poder Judicial.

Este año, el Consejo de la Magistratura decidió someter a revisión una decena de traslados de jueces. En ese sentido, el Senado citó a los magistrados para defender sus nombramientos. Bruglia, Bertuzzi y Castelli no se hicieron presente, y por ello el Senado decidió suspender sus traslados por no contar con el acuerdo del Senado, y por despreciar la citación ante la Cámara alta.

Los tres jueces recurrieron vía amparo y per saltum a la Corte Suprema de Justicia. Allí, el máximo tribunal decidió que sus traslados eran transitorios, mas no definitivos. Deberá efectuarse concurso (del cual podrán participar los jueces en cuestión).

Dijo la Corte: “el único sistema de designación de jueces inferiores en el derecho argentino es el que viene precedido de un concurso realizado en el Consejo de la Magistratura y cuenta con la participación del Poder Ejecutivo y el acuerdo del Honorable Senado de la Nación”.

Alberto Fernández dijo en sintonía, que no se deben poner jueces amigos ni se los debe trasladar de un lugar a otro, ni se los debe poner como subrogantes del juzgado de conveniencia, sino que debemos buscar “jueces dignos, éticos, moralmente irreprochables”.

Por su parte, Diego Molea, miembro Consejo Magistratura y Rector Universidad de Lomas de Zamora dijo que los traslados se encontraban incompletos ya que no contaban con acuerdo del Senado de la Nación. El mandato constitucional “previsto en el art. 99º inc. 4º ha sido abiertamente ignorado en el caso de los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli y, esos mismos magistrados, en el marco de las acciones judiciales impulsadas así como en su falta de concurrencia a la audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, también han desconocido los más elementales principios constitucionales que, como magistrados, deben aplicar”, agregó.

Difícil tarea la de obtener un juez imparcial. Es que el Poder Judicial, ya no es solamente un poder más, sino que se ha convertido en un poder del Estado con peso propio y completamente influenciado o condicionado por los poderes de facto.

La gravedad del uso de esos artilugios deviene en el perjuicio de los que cuentan con semejante poder.

Así como la política económica de Martínez de Hoz gozó de la cobertura mediática y cultural del “algo habrán hecho”, Macri contó con el blindaje mediático cuyo eje era la “corrupción K” para desmantelar el Estado que había construido el peronismo con Néstor primero, y con CFK después. La única forma posible, es disfrazar causas republicanas, de defensa de las instituciones para usarlas como caballos de Troya. Los “banderazos” republicanos son muestra de ello. Los traslados de jueces que pretenden ser definitivos, atenta claramente contra el principio de división de poderes. Pero decir eso, implica una opinión jurídica tal vez. La comprensión de los “por qué” de esas decisiones, nos permiten correrle el velo a las artimañas disfrazadas de institucionalidad que buscan mantener el status quo.


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