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Revista de análisis político
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El CONFLICTO POLICIAL Y LA NECESIDAD DE REPENSAR EL ESTADO

El CONFLICTO POLICIAL Y LA NECESIDAD DE REPENSAR EL ESTADO
13/11/2020 Matías León
Matías León
En OPINIÓN

Principios de septiembre. Un grupo de policías bonaerenses, muchos de ellos armados, se
manifiesta frente a la quinta de Olivos. Ese día, su reclamo es el eco local de las
manifestaciones que se multiplicaban por la provincia de Buenos Aires. Exigen un aumento
salarial, el derecho a la sindicalización, la mejora de las condiciones laborales y que no se
sancione a los manifestantes, entre otros reclamos. Se invita a sus representantes a ingresar
para reunirse con el presidente.

No entra ninguno, exigen que Alberto Fernández salga. Más allá de la intención de
demostrar su fuerza, solamente quedó una cosa clara. Nadie del lugar poseía el respaldo ni
mucho menos la legitimidad, para representar a los miles que protestan en la provincia.
El suceso marcó el punto más tenso del conflicto policial bonaerense. Las estimaciones más
holgadas calculaban que 3.000 efectivos en total participaron de las protestas en distintos
puntos de la provincia, de un total de 90.000 miembros de la fuerza en actividad (3%).
Gracias a la pronta resolución del conflicto, se estuvo lejos de los lamentables sucesos de
protestas, de similar carácter, que se dieron durante 2013. Se anunció un aumento entre el
19,6% y el 26%, casi 40.000 oficiales pasan a percibir salario de bolsillo de 44.000 pesos, el
mismo aumento se dará proporcionalmente a la jerarquía policial, se aumenta a 5.000 pesos
por mes la suma para compra de uniformes que estaba congelada en 1.130 pesos y se
triplica el valor de las horas CORE, entre otras.

El aumento se financia con el 1% de los recursos coparticipables nacionales adicionales que
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibía para cubrir los gastos del traspaso de la Policía Federal. Cuyo origen proviene de un decreto de 2016 de Mauricio Macri que incrementó el
porcentaje que recibía del 1,4 a 3,75%.

Causas y similitudes

El problema central que desata el conflicto policial, la caída del ingreso real y la
pauperización de las condiciones laborales, no se originó este año ni es exclusivo de las
fuerzas de seguridad.

De acuerdo a las cifras publicadas por el gobierno bonaerense, el salario real de la Policía
entre 2015 y 2019 cayó en promedio un 29%. La pérdida del poder adquisitivo varía entre
el 24,9% en el caso de Oficial (la jerarquía más baja del subescalafón General) y el 34,4%
para un Comisario General (grado mayor del subescalafón Comando).

Según indicó la Vicejefa de Gabinete Todesca recientemente, desde diciembre de 2015
hasta el mismo mes de 2019 la pérdida de poder adquisitivo de los sueldos estatales en
relación a la inflación fue de 39,8%. Los datos se encuentran respaldados en las cifras que
indican el Sistema Nacional de Empleo Público y el IPC-Indec. Durante el mismo período, la
caída del salario general rondó el 20% en todo el país.

Luego del cambio de gobierno, la crisis profundizada por la pandemia cortó la recuperación
que se venía observando en los primeros tres meses del año. Actualmente la recuperación
del poder adquisitivo ronda el 0,4% durante los primeros 6 meses del año, ya que desde
marzo hasta julio se produce una contracción de 4,8%.

Esto también tuvo su correlato en el caso particular de la policía, que implicó una
disminución prácticamente total de las horas extras de servicio que se realizan en eventos,
partidos o en comercios, conocidos como horas POLAD. Las mismas formaban una parte
importante del ingreso del policía.

El reclamo salarial era justo, como lo reconoció el gobierno y la sociedad en su conjunto.
Después de todo, el mismo estaba basado en un flagelo que padece el país. Ahora bien, el
método y la forma de la protesta, es un asunto completamente distinto.

El límite de la legalidad

Artículo 229 del Código Penal argentino:

“Serán reprimidos con prisión de uno a seis años, los que, sin rebelarse contra el gobierno
nacional, armaren una provincia contra otra, se alzaren en armas para cambiar la
Constitución local, deponer alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio
federal, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporalmente, el
libre ejercicio de sus facultades legales o su formación o renovación en los términos y
formas establecidas en la ley.”

Una opinión particular: “Son modalidades que van contra la democracia, es un delito, el
delito de sedición; por eso es importante que haya una toma de conciencia de parte de esos
grupos que, en todo caso, si quieren desarrollar la política deberían presentarse a elecciones
como corresponde.”

Sabrá disculpar el lector, la cita anterior corresponde a septiembre, pero de 2019. La misma
fue pronunciada por el ex Ministro de Justicia, Germán Garavano, ante las protestas de los
movimientos sociales que reclamaban por la Emergencia Alimentaria.

Entonces si cortar una calle hace un año, supone a criterio de una actual oposición, el delito
de sedición. ¿Qué sería entonces realizar la misma acción pero armado, con uniforme y
frente a la casa del Gobernador y el Presidente?

Dejamos la interpretación política a criterio del lector y la legal en manos de los abogados y
los jueces.

Particularidades de la policía

Antes de realizar un juicio caben una serie de aclaraciones para describir el carácter de la
protesta y diferenciarla de otras.

Primero, el carácter de la institución en nuestro país. Las fuerzas de seguridad y defensa,
en su misma esencia, son estructuras verticales que responden a una cadena de mando
estricta y la subordinación. Esto es así, ya que son la encarnación directa del monopolio de la
fuerza del Estado. Básicamente porque comparten una característica única, van armados. Si
esa relación de mando directa se rompe, el Estado pierde su capacidad de hacer cumplir la
ley.

El concepto supone que ante reclamos de provenientes de las bases de la pirámide, los
escalafones superiores deben hacerse eco de los mismos y buscar una solución ante las
máximas autoridades.

No poseen una estructura gremial separada de la jerarquía y reconocida legalmente, es más
esto está prohibido de acuerdo a lo que determinó la Corte Suprema en 2017.
Segundo, la organización y el régimen de trabajo de la institución y sus posibilidades. La
carga horaria regular típica, puede ser de 12 horas de duración intercalados con 36 horas de
descanso o en el caso de un desplazamiento de grandes distancias una jornada de trabajo
de 24hs y 72hs de descanso.

Pero a esto se incorpora un componente particular. Recomendamos la lectura de un artículo
publicado por Sabrina Calarón y Santiago Galar, de la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación de la universidad de La Plata titulado “Dinero trabajos alternativos y
consumos en la vida cotidiana de policías de la Provincia de Buenos Aires”. Por su claridad,
compartimos los siguientes extractos sobre el régimen de trabajo de la policía:

“Al servicio regular se le agrega la obligación de cumplir con guardias rotativas, cuyo
horario es dispuesto por la superioridad. Los criterios en los cuales se basan los y las jefes
para distribuir estas guardias son diversos, incluyen necesidades institucionales, arreglos
informales y vínculos personales.”

Estas horas de trabajo extra son de dos tipos, CORES (Compensación por Recargo de
Servicio) cumplidas en delegación policial y POLAD (Policía Adicional) hechas tanto en
eventos como en instituciones públicas o empresas.

“El salario de los miembros de la PPBA, antes que una composición uniforme, es la
resultante de una combinación de ingresos y actividades económicas. Es producto de la
articulación entre la voluntad laboral de policías, las obligaciones impuestas desde sus
superiores y las relaciones personales que habilitan (u obturan) la realización de horas
extras. En el contexto de trayectorias laborales desacertadas, conflictivas y entrecortadas, el
sueldo en la policía se estabiliza, para sus agentes, como el acceso a la seguridad
económica, al consumo y al crecimiento personal.”

Vale decir, que la institución representa una oportunidad de ascenso social, en una parte
importante para personas de los estratos más humildes. Pero esa carrera o ascenso se ve
condicionada tanto por las exigencias crecientes mismas de sus jefes (justificadas o no)
como las necesidades económicas crecientes.

Tercero y muy importante, los miembros de las fuerzas de seguridad por todas las
características y contradicciones nombradas anteriormente, viven en una tensión
permanente. Deben responder sin cuestionamientos (bajo pena de perder su trabajo) incluso
a órdenes que pueden afectar a trabajadores como ellos o a argentinos que vienen de su
mismo origen. Deben perseguir sin miramientos, con medios paupérrimos, en muchos
casos escaza formación y arriesgando la vida.

Salarios magros, que se complementan con servicios extra, algunos buscan una salida
económica en todos los grises de la ley y casos particulares, el delito. En ese contexto
precario se mueven, sin voz pero con un alto grado de responsabilidad. Esto no significa que
eso los exima de los abusos, como puede ser todos los grados de la violencia institucional,
sino que en realidad esto último tiene entre otras causas las que nombrábamos
anteriormente.

¿Por qué estalla el conflicto ahora?

A criterio del autor, el suceso es el producto de una conjunción de factores.

El agravamiento de la crisis económica que afectó transversalmente a toda la sociedad.
Siendo que la pandemia además, los puso en el centro de la escena para garantizar la cuarentena y los distintos estadios del aislamiento. Ante esto su situación de vulnerabilidad
fue clara y visible.

Pero no todas las noticias suman a su imagen, al historial de la discrecionalidad y la
violencia, se sumó el caso de Facundo Castro como muestra de prácticas que se creían
terminadas. Sin contar con el sinfín de intereses políticos, económicos y delictivos que se
benefician de una situación de crisis.

Luego hay una parte, aunque sea mínima, de las bases policiales que no reconoce a sus
jefes directos como sus representantes para sus reclamos. Algunos sostienen que es por la
distancia salarial que existe entre las bases y los escalafones superiores, hablamos de
comisarios ricos y oficiales pobres. Ya sea por los sueldos o los presuntos negociados de las
cúpulas.

Otros sostienen que parte de la tropa es demasiada para ser controlada pocos jefes,
destacando el caso particular de la denominada policía local (municipal) de escasa formación
que no llega a un año y que se encuentra en lo más bajo del escalafón. No casualmente este
sector fue parte importante de las protestas.

Otra causa sería la falta de mecanismos de representación. Aquí ya tendríamos que
ponernos a pensar un nuevo mecanismo para canalizar los reclamos, sin poner en peligro el
orden institucional, por ejemplo algunos especialistas proponen la figura del defensor
policial. Otra salida es cambiar completamente la estructura de mando, barajar y dar de
nuevo. Nueva formación y distintos personajes.

¿Vale la pena plantearnos todo esto? ¿No sería más fácil darles más plata y listo?

En una frase podría responderle al lector que es la hora, porque este gobierno no tiene las
mismas exigencias que el anterior. Porque gobierna el peronismo. Por sus reivindicaciones y
conquistas no se le exige lo mismo que a otros. A los miembros de Cambiemos se les
perdonó todo desde los medios, la academia y una parte no menor de la población. Desde
que defendieran las formas más brutales e injustificadas de represión, el endeudamiento
criminal y el quebranto del país.

Si bien el ejercicio de la fuerza no es el único recurso del Estado, es su último y mayor
recurso. Reparar las injusticias, corregir los errores y reformar las instituciones para que
sirvan a las necesidades actuales, no es algo que podríamos pedir a cualquiera.


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